En Tamaulipas los diputados locales no han aterrizado las reformas a la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para que los deudores alimentarios morosos no tengan derecho a licencias de manejo, ni puedan salir del país o vender bienes.
Ante esas lagunas, se prevé recurrir a amparos, informó la exprocuradora del DIF Altamira, Gabriela Ibarra Lozano, por lo que urgió a homologar las normas estatales con la reforma efectuada a nivel federal, para proteger los derechos de la infancia. Espera que la omisión no se deba a que se quiera proteger a aspirantes políticos.
Deudores no pueden…
El año pasado se anunció que los padres incumplidos que aparezcan en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, no podrán tramitar su licencia, ni salir del país, pues se les negará o quitará el pasaporte. Tampoco podrán contender por cargos de elección popular, magistraturas o jueces, ni vender bienes de su propiedad.
“Los senadores se dieron cuenta que hay mucho niño que necesita los alimentos y aprobaron una reforma al artículo 103 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayodel año pasado, pero en Tamaulipas falta aterrizar en la ley estatal esa reforma y se tendrá que recurrir a amparos para hacer valer la ley general”.
Explicó que como parte de la adecuación efectuada en la Cámara Alta, se incluyó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que será operado el DIF nacional; en Tamaulipas ya se había legislado desde antes para tener un padrón estatal, el cual se encuentra activo pero no es público, y ahora tendrá que adoptarse el nacional, con todas las restricciones de derechos para quienes ahí aparezcan.
“En el estado falta armonizar la ley con la reforma, es donde nos topamos con el juez de primera instancia, pues las disposiciones están en la ley general, pero no hay un mecanismo en el Código Civil de Tamaulipas que diga que no le van a dar licencia o pasaporte al deudor moroso, esperamos que no se esté omitiendo por la cuestión política”.
Ibarra Lozano, agregó que como parte de la reforma se estableció el dar vista a Migración para impedir que los deudores inscritos en el padrón nacional salgan del país y les quitarán el pasaporte, pues irse a Estados Unidos para evadir su responsabilidad era una práctica recurrente.
“Tenemos que irnos a los amparos y un juez federal seguramente nos lo habrá de conceder. Ellos (los deudores) también han promovido amparos y hasta ahora ni un juez se los ha concedido, afortunadamente, porque los derechos de los niños están por encima”.
Gabriela Ibarra refirió que como reforma de ley está bien construida, pero se lanzó demasiado rápido sin tenerse listas las plataformas para las inscripciones de los padres morosos.
“Es necesario que se haga más promoción de esta ley y hacer un tipo de puente con las instituciones gubernamentales y sociales para apoyar a aquellas madres de familia que no tengan los recursos económicos necesarios para contratar un abogado que les pueda llevar sus casos”, propuso la especialista.
