Jenny Lynn, una adolescente de 16 años, ciudadana estadounidense, fue violada por al menos 10 elementos del Ejército Mexicano en una brecha del kilómetro 19 de la carretera a Piedras Negras.

Los agresores, que se desplazaban en dos camionetas y un camión blindado, la interceptaron cuando caminaba con una amiga hacia el rancho El Coral.

La adolescente norteamericana iba hacia el rancho acompañando a su amiga Yamileth, para llevarle de comer al abuelo de esta. En la carretera a Piedras Negras un trailero que iba hacia el Puente Colombia les dio un aventón y las dejo en el kilómetro 19, y ellas continuaron su camino a pie.

“Vimos que venían los soldados y como íbamos en el monte nos dio mucho miedo y corrimos, solamente me alcanzaron a mí”, denunció la jovencita.

La menor señalo que fue violada por al menos diez militares tras perseguirla en el monte. El ataque sexual fue cometido, aunque la víctima se encontraba en su periodo menstrual; Jenny Lynn, fue golpeada, amenazada y le robaron su teléfono celular y su bolso con 150 pesos antes de ser abandonada en la brecha.

“Me desnudaron y me violaron, eran 10 soldados, no les importó que yo estaba en mi periodo menstrual, ellos abusaron sexualmente de mi”, enfatizó entre lágrimas la jovencita estadounidense, quien vive en Nuevo Laredo con su madre Samantha, también ciudadana de Estados Unidos.

Los soldados la amenazaron para que no pusiera denuncia y huyeron. Ella, logró caminar hasta la carretera donde un automovilista la auxilió en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Samantha, madre de la víctima y también ciudadana estadounidense, inició formalmente las acciones legales correspondientes para exigir justicia ante las autoridades competentes. Debido a la nacionalidad de la afectada, la madre solicitó de manera pública la intervención del Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo. La clave de la investigación radica en un detalle que la víctima logró ver antes de que huyeran: el uniforme de uno de los agresores portaba la insignia de “Cabo Juan”.

Este caso pone bajo la lupa los protocolos de las fuerzas armadas en zonas fronterizas, donde la impunidad en delitos de género cometidos por militares vulnera gravemente los tratados internacionales de protección a la infancia.