Los principios de la fiscalización superior establecidos por nuestra Constitución en su artículo 79 son legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Hablando de la confiabilidad los gobiernos y las administraciones públicas deben tomar las decisiones basados en diagnósticos precisos, datos verificables y evidencia que permita evaluar la eficacia de las acciones