Víctimas sobrevivientes y familiares de la masacre de Anáhuac sostuvieron una reunión este miércoles con funcionarios del Gobierno de Tamaulipas, donde recibieron una propuesta inicial para cumplir con tres recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Estación Palabra, luego de que los afectados realizaran una huelga de hambre de casi tres días en la explanada Esteban Baca Calderón para exigir atención gubernamental. En la reunión participaron autoridades estatales, representantes de derechos humanos y sobrevivientes de los hechos ocurridos en 2019, que dejaron múltiples víctimas a manos de elementos de la Policía Estatal.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó que se presentó una propuesta formal por parte del gobierno estatal para comenzar el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, que contempla cinco puntos, entre ellos la reparación integral del daño y atención psicológica urgente.

“Es una propuesta seria. No hemos terminado las conversaciones, pero esto es un avance importante”, declaró Ramos Vázquez. Añadió que se estableció un plazo de 30 días para evaluar los avances, y que la decisión de levantar el plantón dependerá del consenso con familiares de otras víctimas originarias de Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila.

Por parte del Gobierno del Estado, el subsecretario de Legalidad, Jorge Luis Beas Gámez, aseguró que se dará cumplimiento a la recomendación federal, pese a que los hechos ocurrieron en la administración pasada.

“El gobernador Américo Villarreal ha instruido dar atención y reparación a las víctimas. Aunque estos delitos se cometieron en el sexenio anterior, nuestra administración tiene la obligación de responder”, señaló Beas Gámez.

La propuesta incluye atención médica, psicológica, apoyo social, becas educativas y alimentación para las víctimas, según lo establece la recomendación de la CNDH. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas coordinará las acciones.

En materia penal, Ramos Vázquez denunció que aún hay dos policías estatales prófugos desde 2022, pese a que existe una recompensa de 250 mil pesos por información sobre su paradero. Los fugitivos son, Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban Cruz. También cuestionó la figura de testigos protegidos otorgada a otros tres elementos que, según indicó, no han contribuido significativamente en la investigación.

“Mientras no se capture a los prófugos y no se revise la situación jurídica de los policías beneficiados con el criterio de oportunidad, la carpeta de investigación no puede considerarse cerrada”, afirmó.

En la reunión también estuvieron presentes Lorena Perales Salinas, comisionada estatal de víctimas; Leticia Tovar Torres, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública; y Juan Ángel Martínez, secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.

Las víctimas advierten que, si no hay resultados concretos en el plazo acordado, podrían retomar las protestas. Mientras tanto, el expediente por violaciones a derechos humanos permanece abierto, tanto en el ámbito local como federal.