El diputado local Sergio Arturo Ojeda Castillo, representante de Nuevo Laredo, presentó una propuesta de reforma al Código Penal del Estado para castigar con mayor severidad la adulteración de bebidas en Tamaulipas cuando se utilicen sustancias químicas con el objetivo de someter a una persona sexualmente.

La iniciativa responde al creciente número de casos en que víctimas pierden el conocimiento tras ingerir bebidas manipuladas, siendo incapaces de defenderse o recordar lo sucedido. La falta de legislación clara ha permitido que muchos agresores queden impunes, al no haber signos visibles de violencia física.

¿Qué castigo propone la reforma por alterar bebidas?

Si se aprueba la propuesta, el uso de sustancias para facilitar una agresión sexual sería considerado un agravante del delito de violación. Esto implicaría que, en lugar de una pena estándar de 8 a 20 años, los infractores podrían recibir hasta 25 años de prisión.

Incluso si no se consuma el acto sexual, pero se comprueba la intención de someter a la víctima con sustancias, podría crearse una figura penal autónoma con penas de hasta 10 años, como tentativa de agresión sexual agravada.

Goteras y “dropeadores”: cómo operan estos agresores

En el lenguaje coloquial, quienes adulteran bebidas con fines delictivos se conocen como “goteras” si el objetivo es el robo, o como “dropeadores” o “violadores de copas” cuando hay intención sexual. Aunque el término “goteras” se ha popularizado en México por casos en antros y bares, la iniciativa legislativa busca atacar de fondo esta práctica sin importar el nombre con que se le conozca.

Este delito suele ocurrir en entornos sociales donde las víctimas bajan la guardia: fiestas, bares o incluso en citas. La ley, tal como está hoy en Tamaulipas, no contempla sanción específica si no hay evidencia física directa, lo que deja sin protección a muchas personas vulneradas.

¿Por qué importa en Nuevo Laredo?

Por ser ciudad fronteriza con vida nocturna activa, Nuevo Laredo enfrenta riesgo elevado de este tipo de delitos. La falta de regulación ha generado un entorno de alerta entre jóvenes y mujeres, quienes no siempre cuentan con herramientas legales para denunciar o comprobar el crimen.

Esta reforma no solo endurecería las penas, sino que fortalecería la confianza en el sistema de justicia, permitiendo que víctimas reciban apoyo institucional incluso si sus recuerdos del evento son limitados o nulos.