En un nuevo episodio que agrava la percepción de impunidad en Tamaulipas, legisladores federales denunciaron una red de corrupción judicial en Tamaulipas que estaría operando para frenar el avance de la justicia contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Desde el Senado, exigieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) la remoción inmediata de los jueces implicados.
Una red de protección con rostro judicial
De acuerdo con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, varios jueces federales han dictado resoluciones que favorecen sistemáticamente al exmandatario panista, impidiendo que se ejecuten órdenes de aprehensión por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. La red de corrupción judicial en Tamaulipas habría sido clave para mantener a Cabeza de Vaca fuera del alcance de la ley, incluso después de haber huido presuntamente a Estados Unidos.
Jueces, escoltas y candidaturas: una maquinaria de impunidad
El caso revela no solo un uso indebido del aparato judicial, sino una coordinación para fabricar amparos, blindajes legales, candidaturas falsas y escoltas irregulares, todo en beneficio del exgobernador. Particularmente graves son los señalamientos contra el juez Juan Fernando Alvarado López, cesado en 2024 tras múltiples quejas por favorecer indebidamente al exfuncionario.
La situación genera indignación en comunidades como Nuevo Laredo, que por años enfrentaron los efectos de un gobierno estatal envuelto en acusaciones de corrupción, represión y desvío de recursos. La población exige justicia real y un sistema que no tolere la manipulación desde los tribunales.
Recursos públicos desviados sin castigo
Una denuncia reciente involucra a María de Lourdes Arteaga, exsecretaria de Finanzas del gobierno cabecista, quien habría desviado más de 180 millones de pesos destinados al C5 en Reynosa. A pesar de la gravedad del caso, un juez en Ciudad Victoria archivó la causa por “falta de pruebas”, en lo que se percibe como un nuevo favor judicial.
