El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una modificación al Código Civil para asegurar que las personas mayores de 65 años en condiciones de abandono tengan acceso a alimentos.
La medida tiene como objetivo reforzar la protección de este sector vulnerable, exigiendo a las autoridades que actúen para garantizar su bienestar y satisfacer sus necesidades primordiales.
¿Qué establece la nueva reforma al Código Civil en Tamaulipas?
Con la iniciativa aprobada de la diputada Francisca Castro Armenta, la adición del artículo 277 Bis al Código Civil del Estado, se establece que la autoridad judicial deberá coordinarse con el Ministerio Público y la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor del Sistema DIF Tamaulipas para garantizar la alimentación de las personas mayores en condición de desamparo.
La reforma responde a la necesidad de atender una problemática creciente relacionada con el abandono de adultos mayores, quienes en muchos casos carecen de redes de apoyo o familiares responsables que cubran sus necesidades básicas.
¿Por qué se considera una medida de protección reforzada?
El Congreso destacó que las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria, especialmente cuando se encuentran en condiciones de abandono o desamparo. La reforma busca evitar que queden en estado de indefensión ante la omisión de familiares o tutores.
Asimismo, se subraya que esta modificación legal establece una protección reforzada que salvaguarda la seguridad alimentaria, obligando a las instituciones a intervenir cuando se incumpla la responsabilidad de proporcionar sustento, cuidados y atención integral.
¿Cómo impactará esta reforma en la vida de los adultos mayores?
Con esta medida, se pretende garantizar que ninguna persona mayor de 65 años en Tamaulipas quede sin acceso a alimentos, independientemente de su situación familiar o económica. La intervención de autoridades permitirá canalizar apoyos y dar seguimiento a cada caso.
Además, se fortalece la coordinación interinstitucional para atender de manera más eficiente las denuncias de abandono, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad hacia las personas adultas mayores.
Esta reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos en el estado, al priorizar el bienestar de uno de los sectores más vulnerables de la población y reafirmar el compromiso de las instituciones con su dignidad y calidad de vida.




