El Gobierno de México ya pidió formalmente a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin embargo, hasta ahora, no hay señales de que el proceso haya comenzado del otro lado de la frontera.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó ante un juzgado federal que tramitó la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La petición fue presentada ante la Embajada de Estados Unidos en México, aunque no se detalló públicamente la fecha exacta del trámite. Hasta el momento, no existe información oficial que indique que autoridades estadounidenses hayan iniciado el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con fuentes federales, la solicitud se realizó a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual busca que el ex mandatario enfrente en territorio mexicano las acusaciones pendientes.

Uno de los puntos que aún genera dudas es cuál de las órdenes de aprehensión sirve de base para el trámite. Cabeza de Vaca enfrenta al menos dos mandamientos judiciales: el primero, emitido el 4 de octubre de 2022 por delincuencia organizada y lavado de dinero; el segundo, girado el 14 de febrero de 2024.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la solicitud de extradición se habría fundamentado en la primera orden de aprehensión, relacionada con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabe recordar que el ex gobernador promovió un amparo contra dicho mandamiento judicial, asunto que actualmente se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La confirmación de la solicitud fue mencionada dentro de un amparo que recientemente le fue negado por el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, tanto al ex mandatario como a cuatro de sus familiares.

En términos legales, la detención provisional con fines de extradición es un paso inicial dentro del proceso internacional. Si Estados Unidos decide proceder, se abriría una etapa formal en la que tribunales estadounidenses analizarían la petición mexicana, revisando que cumpla con los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre ambos países.

Sin embargo, hasta que el gobierno estadounidense no confirme el inicio del procedimiento, el caso permanece en una fase preliminar.

Más allá del aspecto técnico, el tema vuelve a generar conversación pública en Tamaulipas. Para algunos sectores, se trata de un paso importante en la rendición de cuentas; para otros, es un episodio más en una disputa política y judicial que ha marcado los últimos años.